La creación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) marca el inicio de una nueva etapa en la construcción de lo juvenil en el país, pues por vez primera nace un organismo de esta índole que tiene como origen una Ley, la cual fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el 22 de...
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La creación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) marca el inicio de una nueva etapa en la construcción de lo juvenil en el país, pues por vez primera nace un organismo de esta índole que tiene como origen una Ley, la cual fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre de 1998. De esta forma, 407 legisladores -de 500- votaron a favor de la actualización del andamiaje técnico-jurídico correspondiente que permitirá trabajar en favor de los cerca de 34 millones de jóvenes de la nación.
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El Instituto tiene como objetivos:

* Definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a la juventud al desarrollo del país;
* Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas...
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El Instituto tiene como objetivos:

* Definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a la juventud al desarrollo del país;
* Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo;
* Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requiera;
* Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos;
* Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en los foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite una participación.
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